A finales del mes pasado a través de distintos medios nos enteramos que  la Secretaría de Economía   decide reactivar el arancel a las importaciones de acero provenientes de países con los que México no tiene acuerdo de libre comercio, dicho impuesto será por 6 meses y el impuesto es del 15%. El arancel fue establecido en 2015 para proteger a la industria siderúrgica mexicana de las crecientes importaciones de Asia, particularmente de China. Desde entonces, la medida se había renovado cada seis meses y a fines de enero no se actualizó lo cual generó críticas del sector.

Industriales y expertos habían asegurado que la no renovación de la salvaguarda podría llevar a que Estados Unidos no elimine los aranceles impuestos el año pasado a las importaciones de acero y aluminio mexicanos, bajo la sección 232, alegando razones de seguridad nacional.

Se insistirá para que Estados Unidos excluya a México de los aranceles bajo la 232, que empezó a aplicar en junio del año pasado. “La 232, o imposición del acero y al aluminio, constituyen una amenaza importante a la relación comercial México-Estados Unidos”

La SE confió también que México quede exento de la Sección 232, impuesta por el gobierno estadounidense, antes de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Nosotros pensamos lo contrario”, manifestó Acevedo Fernández, al explicar que México es deficitario en acero y aluminio con respeto al país vecino del norte.

La Canacero celebró la decisión del Gobierno de México de imponer aranceles temporales del 15 por ciento a la importación de este metal, además de textiles y calzado, para proteger la industria nacional de prácticas desleales

La Canacero sostuvo que la imposición de aranceles “no afecta a la cadena de valor ya que México cuenta con tratados de libre comercio con más de 40 países”, mientras que los aranceles sólo se aplicarán a países sin tratados con México.

Durante los seis meses de vigencia de los aranceles mexicanos al acero, a los textiles y al calzado, la Secretaría de Economía “estará atenta de recibir de las empresas la información indispensable para robustecer las investigaciones por ‘dumping’ o por subvenciones”, detalló en un boletín.